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Sectores sensibles excluidos del TLC Costa Rica - China
Tras varios meses de controversia entre el Gobierno y los sectores productivos, el pasado 10 de febrero Costa Rica logró cerrar un acuerdo comercial bastante balanceado con la República Popular de China, después de seis rondas de negociación. En este Tratado, a diferencia de los otros firmados por este país centroamericano, el número de productos excluidos fue elevado. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, para un 9% de las líneas arancelarias (donde clasifican uno o varios productos) procedentes de China, el arancel de importación permanecerá invariable. Dentro de este porcentaje se encuentran la carne de pollo, café, arroz, harina de soya, aceites, atún, chicles, confites, pastas, productos de panadería y galletería, así como algunos tipos de pinturas, detergentes, productos plásticos, llantas, maderas tropicales, manufacturas de papel, cajas de cartón, ciertas prendas de vestir, calzado, botellas y envases de vidrio, ciertas manufacturas de hierro, acero y aluminio, entre otros. Estas exclusiones también constituyen una forma de “salvaguardar” en alguna medida, el comercio intrarregional, ya que muchos de esos bienes forman parte del comercio intra-centroamericano. Zona Franca costarricense a derecho con la OMC
Con la reciente modificación a la Ley de Zonas Francas, Costa Rica pone a derecho los compromisos asumidos en materia de subsidios no permitidos para el sector industrial a partir del 2015, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque son varios los cambios contenidos en esta reforma, la adición de una nueva categoría de empresas beneficiarias del sector manufacturero, para las cuales no se exige el requisito de exportación constituye la válvula de escape para quienes están amparados a este régimen especial de exportación. Para optar por esta nueva categoría, sin embargo, se deberá cumplir con varios requisitos, entre las cuales destacan: pertenecer a un sector estratégico y estar actualmente exentas, total o parcialmente del pago del impuesto sobre la renta; esto último con el fin de evitar una migración masiva de la industria local al régimen. Esta reforma también incluye beneficios diferenciados, por plazos y porcentajes de exoneración en materia de impuesto sobre la renta, dependiendo de la zona geográfica del país donde se localice el proyecto, de su magnitud o nivel de inversión y de si se trata de una actividad estratégica para el país.Unión aduanera sigue siendo prioridad para Costa Rica
La Unión Aduanera Centroamericana continúa siendo un objetivo y una prioridad, dentro de la política comercial, que la recién presidenta electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha prometido poner en marcha durante su administración. Con la elección de Anabel González, al mando de la cartera de Comercio Exterior, este país se ha propuesto una revaluación de la integración económica centroamericana a la luz de la serie de acuerdos comerciales con los que actualmente cuenta este país, así como promover la convergencia de algunos de ellos y un fuerte énfasis en la administración de los instrumentos comerciales vigentes. Audiencia en el primer caso inversionista – Estado en el marco del CAFTA
Del 01 al 03 de marzo se llevó a cabo la audiencia jurisdiccional en el caso Railroad Development Corporation v República de Guatemala (Caso CIADI No. ARB/07/23), siendo ésta la primera disputa Inversionista-Estado que ha sido promovida en el marco del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – República Dominicana – Estados Unidos (CAFTA), siendo importante para conocer de forma clara las protecciones que gozan las inversiones de los inversionistas de los países CAFTA. Como resultado de un proceso de licitación pública internacional, Guatemala seleccionó a la empresa estadounidense Railroad Development Corporation (RDC) para operar su sistema ferroviario el cual anteriormente estaba siendo operado por la entidad estatal Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA). Para tal efecto, suscribieron dos contratos de usufructo; el primero suscrito en 1997 otorgando el usufructo de los derechos de vía y el segundo suscrito en 1999 otorgando en usufructo los equipos ferroviarios. Este último fue reemplazado por un contrato suscrito en el 2003. En agosto del 2006, el Gobierno de Guatemala declaró lesivo este último contrato por aducir que el mismo era contrario al interés público. Es esta declaración la que conllevó a RDC a iniciar el proceso arbitral en marzo de 2007, al estimar que Guatemala ha incumplido su compromiso de brindarles el nivel mínimo de trato exigido por el derecho internacional y por expropiarles indirectamente su inversión. Por los daños sufridos, RDC reclama la cantidad de US$ 65 millones más los costos del proceso. En la audiencia – llevada a cabo en las instalaciones del Banco Mundial en Washington D.C. y que estaba abierta al público de conformidad con lo establecido en el CAFTA – ambas partes presentaron sus puntos de vista sobre la competencia del Tribunal para conocer de la disputa. Los puntos en controversia son: a) Si la disputa inició antes que el CAFTA había entrado en vigor y b) Si RDC había realizado una inversión en Guatemala. El Tribunal resolverá sobre su jurisdicción en el transcurso de este año y si considera que tiene, caso pasará a la fase de los méritos adonde se determinará si Guatemala incumplió sus compromisos CAFTA.
Mecanismo de solución de controversias contra República Dominicana pasa a segunda etapa
El 05 de marzo se venció el plazo para que Costa Rica y República Dominicana lograran una solución mutuamente satisfactoria sobre la diferencia de interpretación que permitiría otorgar beneficios arancelarios a las exportaciones de cables eléctricos costarricenses, en el marco del Tratado de Libre Comercio Centroamérica – República Dominicana – Estados Unidos (CAFTA). Según las autoridades costarricenses, la República Dominicana continúa cobrando un arancel de 8,4% a los conductores eléctricos originarios de Costa Rica, pese a que de conformidad con CAFTA esta mercancía debería entrar libre de aranceles. Esta interpretación, claramente, no es compartida por el Gobierno dominicano quien estima que dichos productos no gozan de la preferencia arancelaria porque preceden de una zona franca costarricense. Después de esa fecha, Costa Rica podrá solicitar el establecimiento de un Grupo Arbitral para que decida la correcta interpretación de los compromisos. En caso lo haga, ésta sería la primera controversia Estado – Estado iniciada en virtud del CAFTA que llega a la etapa arbitral.
Estados Unidos revela su Agenda Comercial para el 2010
Para el 2010, el aspecto más relevante de la agenda comercial de Estados Unidos es la prioridad que le da el Gobierno a la región de Asia-Pacífico, con miras a cumplir con la promesa del Presidente Obama de duplicar las exportaciones estadounidenses en cinco años. La principal iniciativa con esta región son las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Trans Pacífico con Australia, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Si bien no existe claridad (detalles) sobre el mandato negociador, su objetivo es lograr un acuerdo amplio y profundo que incluya las disposiciones más modernas y avanzadas en la materia. Como consecuencia de este anuncio la industria azucarera, láctea y textilera han manifestado su preocupación por la liberalización del comercio en estos sectores. El American Sugar Alliance ha indicado su preocupación por el interés de Australia de incrementar su acceso en este producto el cual quedó excluido de su acuerdo bilateral con Estados Unidos y frente a la posibilidad de aumentar las cuotas negociadas bilateralmente con otros países. El Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO por sus siglas en inglés) está preocupada con la inclusión de Vietnam, al considerarlo un país que fabrica productos de la confección a bajo costo que subsidia fuertemente a sus exportadores y que manipula su moneda. La otra iniciativa es avanzar en temas comerciales y de inversión en el marco de APEC para preparar el 2011, cuando Estados Unidos será la sede de APEC. Estos tema incluyen fortalecimiento del comercio transfronterizo de servicios, la simplificación de las reglas de origen y documentación relevante de los tratados preferenciales en la región y fortalecer la transparencia y accesibilidad las regulaciones aduaneras de los países APEC. Otro aspecto importante de la agenda comercial de Estados Unidos es su intención de fortalecer su capacidad de monitorear y asegurar el cumplimiento de los derechos y beneficios estadounidenses bajos sus acuerdos comerciales, incluyendo los TLC’s. En particular, se enfocarán en atacar las medidas que restringen sus exportaciones agrícolas, especialmente medidas que afectan sus exportaciones de productos avícolas, de carne porcina, bovina y productos biotecnológicos. Asimismo, Estados Unidos ha indicado su intención de ampliar el monitoreo de las prácticas laborales de sus socios comerciales con quienes tienen TLC’s y de hacer uso de los mecanismos de solución de controversias, según sea apropiado, para asegurar la aplicación efectiva de la legislación laboral en estos países. Asimismo, dicho país tiene el propósito de de incluir la discusión de los derechos laborales en las reuniones que tengan con sus principales socios comerciales. En los aspectos bilaterales, Estados Unidos indicó su intención de buscar alternativas para mejorar las políticas y prácticas laborales y ambientales, como un complemento para acelerar la creación de empleos y el crecimiento económico. Asimismo, buscarán profundizar la armonización en aspectos regulatorios, como estándares y regulaciones técnicas, para mejor integrar las economías de los países NAFTA. Este enfoque difiere del utilizado por el Presidente Obama durante su campaña adonde indicaba su firme intención de renegociar dicho acuerdo y otros que siguen el mismo modelo como CAFTA. Contrario a renegociar, ahora Estados Unidos buscará fortalecer la integración con sus socios comerciales. En lo que respecta a los tratados comerciales con Colombia, Corea y Panamá, los estadounidenses buscarán resolver los temas puntuales que tienen pendientes con cada uno de estos países. Por ello, previo a que presenten estos acuerdos al Congreso será necesario que resuelvan los temas laborales (Colombia), barreras no arancelarias para vehículos (Corea) y temas laborales y transparencia en materia tributaria (Panamá). Proyecto de Ley para retirar a Estados Unidos del NAFTA
El día 04 de marzo el Congresista Gene Taylor (D-MS) introdujo el proyecto de ley H.R. 4759 cuya finalidad es retirar a los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA). Este proyecto de Ley, que ha sido co-patrocinado por 27 otros miembros de la Cámara de Representantes, es el primer de su naturaleza; anteriores esfuerzos han buscado renegociar el referido Tratado, especialmente en lo concerniente a temas laborales, ambientales y controversias Inversionista – Estado. Si bien los comentaristas coinciden en que esta iniciativa no tiene posibilidades de ser aprobada, esta es una nueva manifestación de las preocupaciones que el NAFTA y otros acuerdos comerciales han sido las causales principales del aumento del déficit comercial de Estados Unidos y del disminución de la industria manufacturera de dicho país, todo lo cual ha incidido en la pérdida de empleos. Aun y cuando no se ha establecido una correlación en ese sentido – e incluso hay algunos que piensan que la reducción de empleos ha sido una consecuencia del aumento de la productividad de las empresas estadounidenses – es claro que este es un mensaje políticamente atractivo especialmente considerando que hace unas semanas el Presidente Obama había indicado su intención de duplicar las exportaciones de Estados Unidos en cinco años, algo que es muy difícil de lograr sin acuerdos como el NAFTA.
Octava ronda deja avances importantes: ¿Serán suficientes para lograr un cierre en mayo?
Según afirman las autoridades centroamericanas hubo avances sustanciales en el denominado Anexo de “Región- Región”, en donde los países acordaron que si bien se trata de un acuerdo entre dos regiones, cada nación centroamericana tendrá obligaciones jurídicas individuales. En otras palabras, por el incumplimiento de algún compromiso del AACUE, por parte de alguno de los seis países de la región, no deberán responder las demás naciones. En materia de acceso a los mercados, se acordó una cobertura para el 100 por ciento del sector industrial, esto significa que no habrá productos excluidos en dicho sector. No obstante, se prevén plazos de entre 15 y 18 años para los subsectores más sensibles. Por su parte, en el sector agrícola, hay acuerdo para el tratamiento que recibirán productos como pollo, huevos, tomate, papa fresca, frijoles, frutas tropicales, flores y follajes, yuca y algunos tipos de alimentos para animales. No obstante, todavía permanecen pendientes de acuerdo sectores fundamentales para la región centroamericana como: banano, azúcar, lácteos, carne de res, de cerdo, embutidos, aceites vegetales, chocolates, confites, licores, papas tostadas, cerveza, pasta, cebolla y miel, entre otros. Un aspecto a destacar es que la Unión Europea (UE) ha aceptado que muchos de estos sectores con gran interés ofensivo para Centroamérica se puedan abordar a través de la negociación de contingentes arancelarios, para lo cual será clave no solo el volumen que se obtenga para cada producto, sino el mecanismo de distribución que se aplique a lo interno del Istmo. Otro tema medular ha sido el avance en materia de origen, en donde la UE aceptó la acumulación de origen con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero, además se encuentra evaluando la posibilidad de permitir a los países centroamericanos acumular con México, CARICOM y Chile. En esta área, también se ha dado un paso fundamental en cuanto a la regla de origen para productos del mar, en especial el atún, para el cual se ha acordado la existencia de una cuota sujeta al cumplimiento de una regla de origen flexible –la cual permite el no cumplimiento con los requisitos de nacionalidad de las embarcaciones--. Aunque estos acuerdos dan un respiro a la región, todavía permanecen pendientes temas muy importantes como las reglas de origen para maní, etanol, jugos de frutas, manufacturas de caucho y café, entre otras. Además de estos aspectos, existe un conjunto de temas bastante complejos en los que se requerirá un gran esfuerzo por parte de ambas regiones para lograr llevarlos a buen término si se pretende concluir en la próxima ronda del mes de abril. Tal es el caso de los compromisos en materia de indicaciones geográficas; disposiciones en materia de interconexión y otorgamiento de licencias para telecomunicaciones; transporte marítimo, servicios profesionales; así como los compromisos en materia laboral y ambiental. Varios países en la región se han puesto la meta de cerrar el AACUE durante el mes de abril, con el fin de aprovechar la Presidencia española de la Unión Europea y rubricar así el acuerdo durante la Cumbre América Latina-UE Madrid. No obstante, el tiempo y la complejidad de los temas pendientes atentan, sin duda, contra este objetivo.
Chile completa su proceso de apertura comercial
De acuerdo con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) el mercado para los productos chilenos está formado por cerca de 3,800 millones de personas, el 60,2% de la población mundial. Para Carlos Furche, director de esta institución, el proceso de apertura comercial chileno no solo está completo, sino que “es una de las políticas públicas más exitosas y con mayor grado de aceptación en todos los sectores a nivel nacional”. Perú y Colombia concluyen negociaciones con UE
Según las autoridades peruanas se lograron salvaguardar los intereses del país con respecto a las 200 millas marítimas para ciertos productos específicos (caballa, jurel, pota, anchoas) y mejorar las condiciones exigidas para la pesca. En especial, en aquellos aspectos relacionados con las características que deben tener las embarcaciones dedicadas a la extracción de recursos pesqueros, para que éstos se consideren originarios y puedan gozar de los beneficios derivados del acuerdo comercial (principalmente requisitos de oficialidad y tripulación). Asimismo, este país logró contingentes arancelarios para arroz, azúcar y banano, con volúmenes de 30.000, 32.000 y 75.000 toneladas, respectivamente; todos montos por encima de los volúmenes exportados por Perú hacia la Unión Europea. También lograron que la Unión Europea aceptara que las mercancías que gocen de un mecanismo de exención de aranceles (drawback) continúen siendo consideradas como originarias y gocen de las preferencias del Acuerdo. Estos resultados, sin duda, sientan un precedente para las negociaciones que actualmente mantienen los países centroamericanos con el bloque europeo.
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Colombia
y Perú lograron cerrar, en cerca de 13 meses, la negociación de un
tratado comercial con la Unión Europea (UE), después de que no
prosperara el proceso iniciado en 2007 para lograr un amplio acuerdo
de asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
